En el presente, los hechos vand\u00e1licos se han multiplicado y agravado, por su violencia e irracionalidad, poniendo en peligro, la paz social, la vida y el trabajo de la poblaci\u00f3n honesta y laboriosa de la Patagonia.<\/p>\n
Ante la gravedad de los hechos, primero ha sido la Justicia (salvo pocas excepciones) que no ha dado respuestas adecuadas, r\u00e1pidas y certeras, permitiendo con su pasividad que los casos puestos a su arbitrio, resulten morosamente tratados, sin respuestas agiles y prolongando, cuando no aumentando, la conflictividad.<\/p>\n
Tampoco la pol\u00edtica ha puesto su atenci\u00f3n sobre el tema y solo se observan t\u00edmidas manifestaciones de algunos pol\u00edticos, que dudan entre el estricto cumplimiento de la ley con las especulaciones electorales.<\/p>\n
El Gobierno nacional, ausente de su rol institucional, ha prestado, por acci\u00f3n u omisi\u00f3n, apoyo log\u00edstico, econ\u00f3mico e ideol\u00f3gico, estableciendo en algunos casos, mesas de di\u00e1logo, que solo logran estirar hasta el infinito las usurpaciones, consolidando la ejecuci\u00f3n de hecho de intrusiones en los campos, dilatando su resoluci\u00f3n y eludiendo la definici\u00f3n categ\u00f3rica, de donde est\u00e1 el derecho y que limites son infranqueables frente a la propiedad privada.<\/p>\n
La ley 26.160, ha contribuido a crear una atm\u00f3sfera de consolidaci\u00f3n de usurpaciones, al disponer la suspensi\u00f3n de los desalojos, durante su vigencia, esto, en la pr\u00e1ctica significa que a nuevas usurpaciones se las protege, con la prohibici\u00f3n de desalojos, que la aludida norma dispone.<\/p>\n
La Ley 26.160 estableci\u00f3 la realizaci\u00f3n de los censos provinciales respectivos, para determinar aquellas tierras ocupadas en forma, tradicional, actual y p\u00fablica. Sin embargo, la demora en la ejecuci\u00f3n de los censos, hace que reiterativamente se prolongue su vigencia, sin incorporarle las modificaciones que la propia experiencia indica como necesarias.<\/p>\n
La Patagonia y el pa\u00eds en su conjunto, reclama del Gobierno Nacional una posici\u00f3n clara, fundada en derecho y en respeto a las normas constitucionales, sobre los aut\u00e9nticos reclamos de las comunidades originarias y rechazando en forma inclaudicable, la violencia, el delito, la fuerza bruta, el da\u00f1o, los incendios, el amedrentamiento, como forma de reclamo de quienes se sienten con derechos.<\/p>\n
Los organismos del Estado Nacional deben ser los custodios de la paz social y no los art\u00edfices o acompa\u00f1antes por omisi\u00f3n de hechos vand\u00e1licos.<\/p>\n
Reclamamos al Gobierno, que no abandone a sus ciudadanos patag\u00f3nicos y ponga orden, justicia y paz, permitiendo recuperar la vida normal de toda la regi\u00f3n.<\/p>\n
Todos los derechos deben ser respetados, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, la Argentina es una sola Naci\u00f3n, una sola Patria, una sola bandera, en donde nos merecemos vivir todos, con respeto a las leyes y en paz.<\/p>\n
El Gobierno Nacional tiene la palabra.<\/p>\n
Fuente: CRA<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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