Jorge Josifovich en ADN
NUEVA LEY DE SEMILLAS: Se trata de una iniciativa sobre semillas que fija límites a los productores y beneficiaría a empresas multinacionales por supuesto pago de regalías.
Junio 2012. En Nueva York, Cristina se reunió con representantes de Monsanto, una de las multinacionales de semillas transgénicas.
El gobierno de Cristina Kirchner está avanzando en la diagramación de una nueva ley de semillas que, según denuncian sus detractores, será beneficiosa para las grandes multinacionales del rubro. En esencia, los dos puntos más controvertidos del proyecto son que prevé la limitación de la costumbre ancestral de los productores del uso propio de semillas y también que reduce la posibilidad científica de desarrollar nuevas variedades.
En contraste con el discurso que se opone a los grandes grupos hegemónicos, la administración de Cristina viene evidenciando un acercamiento a Monsanto, que es la empresa líder en el mundo (sobre todo desde el desarrollo de las semillas transgénicas) y que tiene ingresos anuales por 13.500 millones de dólares en todo el planeta.
La propia Presidenta se reunió en junio último en un viaje a Nueva York con el titular de la firma. Allí la empresa anunció inversiones en el país por 150 millones de dólares, incluyendo la construcción de dos centros de investigación y desarrollo en las provincias de Tucumán y Córdoba. Sin embargo, la relación también tiene su cuota de tensión: esta semana la AFIP suspendió a la firma del registro nacional de granos por una presunta evasión de 70 millones de dólares en el pago de Ganancias.
En paralelo, el Ministerio de Agricultura, liderado por Norberto Yahuar, presentó un anteproyecto de ley y armó una mesa de consenso para discutirlo entre las partes involucradas. La Federación Agraria Argentina (FAA) decidió abandonarla luego de denunciar que el proyecto “avanza peligrosamente a la entrega de soberanía nacional y tecnológica” y repudiar que no se arman mesas de consenso para resolver otras problemáticas.
“Esto no tiene nada que ver con el modelo nacional y popular”, le aseguró su presidente, Eduardo Buzzi, a PERFIL. “Este es un gobierno que cada vez que viaja a Estados Unidos tiene reuniones que son señales de su verdadera esencia: primero fue con (la minera) Barrick, después Monsanto y ahora (por el último viaje) con George Soros, todos fenomenales ganancias”, agregó.
En la FAA sostienen que al limitar el uso propio (que es la posibilidad que tienen los productores de guardarse semillas o reutilizar las que deja la cosecha), todos van a tener que pagarle regalías a Monsanto, Syngenta u otros “obtentores” de semillas.
Hoy en día el pago solamente se realiza al comprar las semillas.
Por otra parte, denuncian que el proyecto limita el desarrollo tecnológico de los pequeños productores de semillas, quienes hoy pueden cruzar diferentes variedades para sacar una nueva.
El texto limita ese trabajo al incorporar el concepto de “variedades esencialmente derivadas”, de una manera amplia y abierta a discrecionalidades. Cuando se anunció, el Ministerio afirmó que la iniciativa defendería los desarrollos locales, como los del INTA.
Desmentida empresaria. Consultados por PERFIL, voceros de la empresa Monsanto aseguraron que es “totalmente inexacto” que el proyecto los beneficie. “La ley trata de definir cuál es el uso propio gratuito que debería existir sin pagar regalías”, explicaron. Y señalaron que Monsanto “nunca cobró regalías” y que “no hay nuevas tecnologías en soja porque no hay retorno a la inversión”. La compañía argumentó que la ley favorecería el desarrollo biotecnológico.
Además, explicaron que Monsanto “viene trabajando para lanzar nuevas tecnologías patentadas en soja”, pero que se regulan con la ley de patentes y no de semillas.
El problema del uso propio no es sólo local. En Estados Unidos, la Corte Suprema aceptó definir una denuncia contra Monsanto por el cobro de regalías en esa situación.
Desde el Ministerio de Agricultura no hubo respuestas a la consulta de PERFIL. Fuentes de esa dependencia se limitaron a aclarar que es una “ley consensuada, que tiene el 90 o 95 por ciento de acuerdo”.
Desde Monsanto, además, criticaron a la FAA “porque siempre se opone a cualquier cambio”. Sin embargo, en la FAA sostienen que la mesa está compuesta por una mayoría de sectores vinculados directa o indirectamente a Monsanto y el resto de las multinacionales.
En la Mesa de Enlace, la discusión en torno al proyecto generó diferencias. Todas las entidades criticaron el límite que se establece al uso propio, pero sólo la FAA enfrentó el proyecto.
Desde la Sociedad Rural y CRA criticaron sin rechazar la iniciativa. En la última, no obstante, surgieron diferencias. Roberto Campi, que es uno de sus representantes en la mesa de consenso, escribió que el proyecto “cumple con todos los requisitos para ser nac & pop: beneficia a los grandes, perjudica al campo y tiene profundas falencias”.
Por Gabriel Ziblat
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