Para el economista de la SRA, con este nivel de presión impositiva, las empresas aumentan sus riesgos ante adversidades climáticas y de mercado ya que la renta es muy exigua o muy baja
El Estado se lleva el 75 por ciento de la renta agrícola en un contexto en el que la presión fiscal sobre el campo nunca tuvo el énfasis actual.
El índice proviene de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), una entidad con sede en Río Cuarto, Córdoba, que dio a conocer ese número: De cada 100 pesos de renta que produce una hectárea promedio en la Argentina, el Estado percibe 75 pesos que se transforman en recaudación fiscal efectiva.
En medio de la difusión de esta estimación privada, trascendió que Gustavo Grobocopatel, CEO del grupo Los Grobo afirmó que el «el próximo gobierno va a tener que adoptar una política hacia el agro diferente de la actual y tendrá que mejorar la relación con el campo».
Es así porque el índice de FADA demuestra la falta de entendimiento entre el Gobierno y el agro, surge de la sumatoria de los impuestos nacionales, provinciales y costos de intervención del mercado, sobre la renta de una hectárea de uso agrícola representativa promedio a nivel nacional.
Pero Ernesto Ambrosetti, economista jefe de la Sociedad Rural Argentina dijo a esta columnista que el promedio sube, por ejemplo, en una provincia como Entre Ríos, donde la presión fiscal es del 85 por ciento.
«Es debido al aumento del impuesto inmobiliario rural y la reimposición de ingresos brutos que llega al 1 por ciento, pero antes no había éste, era cero por ciento», aclaró.
Para el economista de la SRA, con este nivel de presión impositiva, las empresas aumentan sus riesgos ante adversidades climáticas y de mercado ya que la renta es muy exigua o muy baja y ante cualquier problema climático o caída de los precios en el mercado afloran los quebrantos como ocurre en la actividad tambera últimamente.
«Esta situación es peor aún en las economías regionales como en el NOA y NEA» donde los centros productivos están más alejados delos puertos y de los grandes puntos de consumo.
Para Ambrosetti «hoy en día se requiere revertir esta situación a fin de impulsar la producción e incentivar la inversión tecnológica» mientras que Grobocopatel opina que el agro argentino está en condiciones de agregar valor a sus productos, pero cree que eso no se logra en el corto plazo.
Un caso emblemático de la tensión que recorre el agro es el trigo, cuando el almanaque desgrana los pocos meses que faltan para que empiece la próxima campaña y no están dadas las condiciones para ampliar la reducida superficie de siembra.
Ocurre, según Ambrosetti, que no han cambiado las condiciones de la política, falta transparencia en el mercado con la pérdida de competencia frente a los diferentes factores: «trabando las exportaciones, difícilmente la Argentina mejore el área sembrada por el alto riesgo que significa sembrar y cosechar el trigo».
En definitiva, según el economista, hoy la presión fiscal que soporta el sector agropecuario es la más alta de la historia «restandole competitividad y capacidad de inversión para mejorar la productividad».
Grobocopatel mientras tanto insiste: hay que incentivar el espíritu emprendedor en el país.
Sin embargo, conspiran los altos costos de los insumos o como en el caso de la vitivinicultura, la caída del 23 por ciento en las exportaciones del sector vitivinícola y el bajo precio pagado al productor, congelado desde hace dos años, genera tensiones y hasta motivó la huelga de los obreros de las viñas.
En diálogo con NA, Carlos Iannizzotto, vicepresidente de Coninagro y directivo de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (FeCoVitA), confirmó el «crítico panorama» desde Mendoza, aunque buscan soluciones con el gobierno provincial.
Mientras tanto el sector sufrió un deterioro en el tema precios en toda la cadena que provocó un atraso y aunque sólo el 20 por ciento de la producción vitivinícola se destina a la exportación (el resto va al consumo interno) la merma de las ventas externas sucedida en 2013 deprime al sector.
«Eso se unió a una situación inflacionaria que ha ido deteriorando la cadena de valor, el precio de nuestros productos no puede absorber todos los costos de los insumos, la variable de ajuste es el productor», manifestó Iannizzotto.
La situación de la vitivinicultura que este año tendrá una cosecha del 27 por ciento menor de uva en todo el país es además emblemática de las dificultades que atraviesan las economías regionales.
Matilde Fierro para PRINICIAS RURALES.