Tras 20 años, volverá una importación desde el Reino Unido
Comunicado de prensa de CARTEZ, entidad presidida por José Manubens Calvet.
Frente a la creciente ola de rumores que el Gobierno Nacional ha dejado transcender en las últimas horas acerca de su intención de incrementar la alícuota de retenciones a las exportaciones de soja – actualmente en un nivel del 35% – la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ) hace conocer su más enérgico rechazo y repudio a cualquier intento de continuar castigando a la producción con medidas que agravan la ya complicada realidad sectorial, sometida a una obscena y asfixiante presión tributaria que limita la expresión de su verdadero potencial productivo.
Aún están frescos en la memoria de toda la sociedad argentina los episodios vividos en el año 2008, con motivo de la decisión gubernamental de incrementar los derechos de exportación de la oleaginosa mediante la ya célebre Resolución 125, cuya sanción produjo una reacción espontánea de absoluto rechazo en todo el sector productivo agropecuario, dando origen a la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, la que lideró una protesta sectorial a la que pronto se sumó una vasta porción de la sociedad que interpretó como propios los reclamos rurales frente al intento de apropiación desmedida del esfuerzo productivo por parte del Estado Nacional. En la actualidad y a diferencia de aquellos tiempos, todos los productores agropecuarios se encuentran unidos y en estado de movilización permanente, por lo que una medida de ese tipo sería la chispa que encendería de manera inmediata una nueva explosión de reclamos ruralistas.
La realidad económica actual, signada por una creciente inflación de precios, caída del poder adquisitivo del salario de los trabajadores, pérdida del valor de nuestra moneda, permanente disminución del nivel de reservas, sumada a un creciente malestar social, parecen inducir al Gobierno a adoptar las mismas viejas recetas que fracasaron en el pasado y cuyas consecuencias negativas aún no se han logrado superar.
Será imposible evitar la profundización de la crisis económica y social que sufre nuestro país sin un plan de gobierno que ponga la mira en la generación de un clima propicio para la inversión productiva y que, a la vez, fomente la confianza de todos los actores económicos, en un marco de austeridad en el gasto público, emisión monetaria limitada, control de la inflación, reestructuración del actual sistema impositivo contemplando la eliminación de retenciones a las exportaciones, supresión de las restricciones comerciales que operan sobre los mercados de granos, carne y leche y aquellas que impiden la libertad de acción del mercado cambiario y generan la proliferación de múltiples tipos de cotizaciones que distorsionan el normal desenvolvimiento de la economía. La continuidad de un discurso presidencial mentiroso, agresivo, sectario, resentido, provocador, pleno de amenazas y virtualmente divorciado de la realidad que a diario deben enfrentar todos los argentinos no hace más que incrementar el clima de tensión social e inestabilidad institucional que el propio Gobierno acusa de fomentar a todo el arco empresarial, productivo y ahora también a los mismos trabajadores a quienes dice defender.
Resulta claro, a esta altura de los acontecimientos, que el Gobierno Nacional no parece dispuesto a escuchar la advertencia que lanzaba Juan Pablo II cuando desde su pontificado predicaba que “la violencia jamás resuelve los conflictos, ni siquiera disminuye sus consecuencias dramáticas”.
Las permanentes acusaciones oficialistas lanzadas hacia todos los sectores ponen en evidencia la inoperancia de un Gobierno incapaz de superar sus propias limitaciones ideológicas.
Ante este panorama, el campo argentino sólo piensa en producir pero no dudará ni escatimará acciones al momento de tener que salir a defenderse ante un nuevo e injustificado ataque.
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